El MITECO ha fijado en seis meses el plazo estimado para reparar dos tramos dañados del Acueducto Tajo-Segura. La declaración de emergencia, adoptada el 5 de octubre y publicada el 7 de octubre, reserva hasta 1,2 millones de euros para las obras y obliga a iniciarlas en un máximo de un mes. El 13 de octubre, el secretario general de SCRATS calculó que las reparaciones podrían durar seis semanas si se planifican con recursos privados. Es una estimación del sindicato, no un nuevo calendario oficial.

Tras la interrupción del 15 de septiembre, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) pidió acelerar los trabajos y enviar después el agua que no hubiera podido circular. La demanda convive con realidades distintas según la zona. Riegos de Levante comunicó el 17 de septiembre que sus reservas permitían atender el riego del Camp d'Elx durante las semanas siguientes. El 8 de octubre, el Ayuntamiento de Villena informó de que algunos usuarios del Vinalopó reclamaban prorrogar las extracciones subterráneas porque la red del Júcar-Vinalopó aún no llegaba a todas sus explotaciones.

El corte afecta al transporte por el canal

Los daños se detectaron el 15 de septiembre en dos puntos: el canal del Riansares, en Almonacid de Zorita, Guadalajara, y el canal del Talave, en Liétor, Albacete. Las filtraciones arrastraron el material que sostiene la infraestructura. La inspección encontró paños de hormigón hundidos, huecos en el terreno de apoyo y daños en los terraplenes. El ministerio señala que los caudales que circulaban entonces superaban los 25 metros cúbicos por segundo.

Tras la detección del 15 de septiembre, la medida inmediata fue vaciar el canal y detener el transporte de agua para inspeccionar los tramos y evitar que la pérdida de sustentación comprometiera su estabilidad. Según el MITECO, no se reanudará el paso hasta completar las reparaciones y garantizar la seguridad. La interrupción afecta al movimiento de agua por el acueducto. No significa que todos los canales de distribución de Alicante estén vacíos ni que cada comunidad de regantes se haya quedado sin recursos al mismo tiempo.

La obra prevista incluye demoler y sanear las zonas dañadas, reconstruirlas, instalar drenajes y volver a impermeabilizar la sección del canal. El plazo de seis meses es una estimación oficial de ejecución, no una fecha anunciada para reabrir la infraestructura. El MITECO indicó el 7 de octubre que las obras debían empezar en el plazo máximo de un mes, pero no ha comunicado un día concreto de regreso del agua.

La diferencia importa para el campo. El Acueducto Tajo-Segura aporta recursos para el riego de unas 120.000 hectáreas y más de 40.000 usuarios en el conjunto del sistema, además de abastecer a municipios a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Esas cifras describen el alcance general de la infraestructura y no el reparto que corresponde a una comunidad concreta de Alicante.

Qué reclaman los regantes y qué está aprobado

El 13 de octubre, José Ángel Pérez, secretario general de SCRATS, sostuvo que las obras podrían completarse en seis semanas con una planificación rigurosa y recursos propios del ámbito privado. La cifra es una estimación del sindicato y contrasta con los seis meses fijados por el MITECO. No constituye un calendario aprobado por la Administración ni una fecha confirmada para el regreso del suministro.

El 30 de septiembre, Lucas Jiménez, presidente de SCRATS, expresó su preocupación por el tiempo que podría permanecer parado el trasvase. Calculó que la cuenca del Segura dejaría de recibir cerca de 90 hectómetros cúbicos, unos 65 destinados al regadío y el resto al abastecimiento urbano. Si se restan del total los 65 previstos para riego, quedarían alrededor de 25 hectómetros cúbicos para el abastecimiento urbano, según la estimación del sindicato. Es una estimación del sindicato difundida antes de que el MITECO publicara el plazo oficial de seis meses el 7 de octubre. No equivale a una cifra de agua que el Gobierno haya declarado perdida ni a un volumen definitivo pendiente de envío.

Jiménez pidió que se aceleraran las obras y que, cuando terminasen, se transfirieran íntegramente los recursos que quedaran pendientes, con independencia del mes de reapertura. El 7 de octubre, el conseller valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, planteó ampliar las transferencias posteriores para compensar el periodo sin envíos, con especial atención a la Vega Baja. Lo hizo tras reunirse con responsables de Murcia y Andalucía y con el presidente de SCRATS.

Por tanto, hay que separar el calendario de obra de la solución para los volúmenes pendientes. El MITECO ha acordado reparar la infraestructura con un plazo estimado y una tramitación de emergencia. La ampliación de los envíos es una reclamación política trasladada por el Consell y los representantes territoriales. No figura en la declaración ministerial como una cantidad concedida ni como un calendario aprobado.

El Camp d'Elx tenía reservas para afrontar el corte

Riegos de Levante explicó el 17 de septiembre que el embalse de Crevillent almacenaba alrededor de ocho hectómetros cúbicos y que también quedaba agua del trasvase en los embalses de la cuenca del Segura. Su presidente, Roque Bru, dijo entonces que esas reservas permitían atender el suministro durante las semanas siguientes. El 29 de septiembre, Ángel Urbina, portavoz de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, señaló que las reservas disponibles permitían al Camp d'Elx y a los regantes del Vinalopó afrontar la situación.

Esas declaraciones describen el colchón de agua que existía antes de la publicación del plazo de seis meses, el 7 de octubre. No prueban que todas las comunidades tengan las mismas reservas, que reciban la misma proporción de recursos o que el agua almacenada baste para todo el periodo de reparación. Tampoco convierten el trasvase interrumpido en un servicio sustituido. El volumen que puede utilizar cada regante depende de su comunidad, de las infraestructuras conectadas y de los recursos que tenga asignados o almacenados.

En el sur de Alicante, la preocupación de SCRATS y del Consell se centra también en que el agua autorizada y no transportada no desaparezca del balance de los usuarios. Esa petición ofrece una posible compensación futura, pero no resuelve el suministro durante la interrupción mientras el canal continúa vacío. La gestión de las reservas locales sigue siendo la respuesta inmediata que las comunidades han descrito para el Camp d'Elx.

El Júcar-Vinalopó ayuda a unos usuarios, pero no a todos

Alicante cuenta además con la conducción Júcar-Vinalopó, que lleva recursos sobrantes del Júcar hacia el entorno de Villena. Es una red distinta del Tajo-Segura y no alcanza a todas las explotaciones. El 8 de octubre, el Ayuntamiento de Villena informó de que las obras pendientes del postrasvase dejaban a algunos agricultores sin acceso suficiente a esos recursos.

La existencia de esa conexión no permite desviar automáticamente el agua del Tajo-Segura hacia cualquier finca alicantina. El Júcar-Vinalopó sirve a usuarios vinculados a su conducción y necesita que el postrasvase permita llevar el agua desde la red principal hasta las parcelas. En una información publicada el 29 de septiembre, Urbina indicó que el volumen anual previsto para ese sistema se había elevado a 37 hectómetros cúbicos. La cifra describe el volumen previsto para esa conducción y sus usuarios, no un volumen de sustitución para cualquier comunidad conectada al Tajo-Segura.

El caso de Villena muestra ese límite. El Ayuntamiento informó el 8 de octubre de que la Junta Central de Usuarios había pedido prorrogar durante el año hidrológico 2026-2027 el nivel de extracción de pozos del año anterior. El alcalde respaldó la solicitud y explicó que la Confederación Hidrográfica del Júcar no la había aceptado, mientras algunos agricultores carecen de acceso suficiente al trasvase por las obras pendientes del postrasvase. Es la posición comunicada por el Ayuntamiento sobre la petición local, no una autorización de extracción ya concedida.

Para esos agricultores, la prórroga de pozos es una medida solicitada. Para otros usuarios, el trasvase del Júcar y las reservas subterráneas o almacenadas forman parte de la combinación existente. Las soluciones no son intercambiables: dependen de las concesiones, las conducciones y la capacidad de cada comunidad para almacenar y distribuir agua. Por eso, una cifra agregada sobre reservas o trasvases no permite asegurar el suministro de todas las explotaciones de la provincia.

Qué falta por confirmar sobre las obras

La comprobación práctica es que los trabajos de emergencia comiencen dentro del plazo anunciado por el MITECO el 7 de octubre y que el ministerio actualice su evolución. El regreso del transporte dependerá de que los técnicos certifiquen la seguridad de los dos tramos. El plazo de ejecución ayuda a anticipar la duración de la obra, pero por sí solo no determina qué día podrán reanudarse los envíos.

Para las comunidades alicantinas también queda por resolver qué ocurrirá con los volúmenes autorizados que no hayan podido circular. SCRATS ha reclamado su envío posterior y el Consell ha pedido compensar el cierre ampliando futuras transferencias. Hasta que esa petición se traduzca en una decisión, los regantes seguirán dependiendo de sus recursos disponibles y de las conexiones que realmente llegan a sus campos. Esa diferencia entre zonas explica por qué el mismo corte genera tranquilidad temporal en unas comunidades y nuevas peticiones de ayuda en otras.