El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado a Emocional Technologies 22 S. L. la gestión de la red municipal de 13 viviendas por 1.070.269,60 euros, IVA incluido. La oferta de la empresa fue la única admitida en el expediente 55/26 y recibió 98 puntos en la clasificación de la Mesa de Contratación. El contrato prevé dos años de prestación, con dos prórrogas posibles de un año cada una.
La única oferta sumó 98 puntos
La certificación de la Mesa corresponde a la sesión celebrada el 16 de septiembre, en la que se revisó la proposición económica y se completó la puntuación del informe técnico emitido el día 11. La parte sujeta a juicio de valor aportó 43 puntos. Los criterios cuantificables mediante fórmulas sumaron 55 puntos: 45 por precio y 10 por los gastos de soporte del servicio.
Los 98 puntos son la suma de ambos bloques para la propuesta de Emocional Technologies 22. Al ser la única oferta admitida, esa cifra no expresa una ventaja frente a otra empresa ni un margen de victoria. Permite conocer el resultado que la Mesa asignó a los criterios evaluados. El certificado señala que la proposición no tenía defectos y que su precio no contenía valores anormales o desproporcionados.
El documento recoge la propuesta de clasificación de la Mesa, pendiente de que la empresa presentara la documentación de solvencia requerida. El anuncio difundido el 9 de noviembre informó de la adjudicación. Son pasos distintos del procedimiento: la evaluación deja constancia de cómo se puntuó la única proposición, mientras que la noticia posterior comunica la decisión de adjudicar el contrato.
El precio exacto y el presupuesto de licitación
La comunicación de la adjudicación redondeó el importe a 1.070.269 euros. La certificación de la Mesa fija la oferta en 1.070.269,60 euros, con el IVA incluido al 10 %. Aplicado ese tipo, el precio antes de impuestos equivale a 972.972,36 euros y el IVA de la oferta a 97.297,24 euros.
El presupuesto base de licitación era de 1.132.680,27 euros con impuestos: 1.029.709,34 euros sin IVA y 102.970,93 euros de impuesto. La diferencia entre ese presupuesto y la oferta es de 62.410,67 euros, también con el IVA incluido. La comparación describe la distancia entre el límite de licitación y el precio presentado. No representa el gasto ya ejecutado, que dependerá de la prestación efectiva del contrato.
La Mesa dejó constancia de que corrigió un error de redondeo en la cuantía total de la oferta. También indicó que el precio no era anormal o desproporcionado. En otra columna de la misma proposición figuran 15.000 euros anuales para gastos de soporte destinados a la atención individual y familiar. El certificado registra ese concepto como criterio B.2 y lo distingue del criterio B.1, correspondiente al precio. La cifra anual de soporte y el precio total de la oferta miden conceptos distintos.
Dos años iniciales y dos prórrogas posibles
El certificado señala como fecha prevista de inicio el 24 de noviembre de 2026 y establece una duración inicial de dos años. Incluye dos opciones de prórroga, cada una por un año. Si se acordaran ambas, el periodo total podría alcanzar cuatro años. Las prórrogas son posibilidades previstas en el contrato, no una extensión automática del plazo inicial. La fecha del 24 de noviembre es una previsión de inicio incluida en el expediente, mientras que la adjudicación se comunicó el día 9.
Las 13 viviendas y la actividad registrada en 2025
La red mantiene 13 viviendas. Ocho las aportará la empresa contratista y cinco serán municipales. El Ayuntamiento aporta cinco inmuebles, pero el contrato encarga a la adjudicataria la gestión de toda la red.
En 2025 se atendió a 79 personas, 47 hombres y 32 mujeres. El Ayuntamiento comunicó también que el 25,8 % superó los doce meses de estancia. Son datos de actividad del año anterior a la adjudicación actual, no una previsión del número de personas que atenderá la empresa durante la nueva etapa.
El total anual de personas no equivale a la ocupación simultánea de las 13 viviendas. El porcentaje de estancias superiores a doce meses tampoco indica la duración media ni cuántos meses adicionales permaneció cada persona. Expresa la proporción de personas que superó ese umbral, por lo que no permite atribuir una causa común a esos casos ni deducir qué ocurrió después.
