El Pleno de Alicante aprobó inicialmente el 29 de octubre un crédito extraordinario de 140.163,10 euros en el presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda. El importe se vincula al pago de la última certificación de las obras de El Portón, la promoción de 15 viviendas de alquiler asequible del Casco Antiguo. El acuerdo abre una nueva fase presupuestaria, pero no es todavía definitivo ni fija por sí solo cuándo se abonará la certificación.

El matiz es relevante porque la modificación no crea una nueva promoción ni demuestra que el coste final haya aumentado en esa cantidad. Autoriza a incorporar crédito para un gasto concreto. En este tipo de modificación, la aplicación presupuestaria y el recurso de financiación identifican cómo se incorpora el crédito para atender la obligación.

Qué se aprobó en el Pleno

El extracto oficial de la sesión clasifica el asunto como el primer expediente de modificación de créditos del Patronato, mediante la dotación de créditos extraordinarios. El Pleno dio su aprobación inicial. Esta redacción define el estado del trámite y el marco presupuestario. No equivale a que el expediente haya adquirido carácter definitivo, a que la certificación se haya abonado o a que se haya fijado el coste final del edificio.

En los presupuestos locales, un crédito extraordinario se tramita cuando hay que realizar un gasto que no puede demorarse al ejercicio siguiente y no existe crédito para esa finalidad. La modificación debe señalar la partida concreta que aumenta y el recurso con el que se financia. El acuerdo permite habilitar el crédito necesario para atender una obligación, pero el nombre de la figura no revela si los recursos proceden de remanentes, de mayores ingresos o de la reducción de otra partida. Son opciones previstas por la normativa. La fuente concreta debe aparecer en la documentación presupuestaria.

El edicto municipal de exposición, impreso el 30 de octubre, confirma el importe y la aprobación inicial. Las personas interesadas pueden examinar el expediente en el Servicio de Economía y Hacienda, en la calle Jorge Juan, número 5, segunda planta, y en la web municipal. La exposición pública permite revisar la modificación antes de que la aprobación inicial sea definitiva.

La promoción tiene 15 viviendas de alquiler asequible

Durante el debate plenario, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, explicó que el crédito se destinaba a cubrir el pago de la última certificación de las obras de El Portón. El vínculo con la promoción, por tanto, procede de la explicación dada en la sesión y coincide con la información sobre el complejo municipal, no de una asociación deducida únicamente por el nombre del Patronato.

El Ayuntamiento anunció en diciembre de 2025 que la empresa adjudicataria había culminado las obras de 15 viviendas en el Casco Antiguo. El proyecto incluye 14 apartamentos individuales y una vivienda compartida o tutelada con capacidad para ocho personas y cuatro dormitorios dobles. Las 14 viviendas individuales y la vivienda compartida completan las 15 unidades anunciadas. Dos apartamentos son accesibles. La comunicación municipal describió los apartamentos individuales como una opción para solicitantes de hasta 35 años y situó en torno a 120 euros la renta mensual media prevista entonces.

La actuación también incorporó un ascensor compartido con vecinos de Santa Cruz con problemas de movilidad y más de 1.300 metros cuadrados de urbanización para conectar calles y crear una plaza. La utilidad pública del edificio combina, por tanto, nuevas viviendas de alquiler con mejoras de accesibilidad en su entorno. Ese contexto explica por qué la certificación pendiente merece seguimiento, aunque no determina por sí mismo si la cantidad está justificada.

La comunicación municipal sobre la terminación cifró el contrato de obras adjudicado a Gestaser Obras y Servicios en 1.413.398,33 euros. Esa cifra sitúa la escala de la promoción, pero no constituye una liquidación final. Tampoco permite sumar automáticamente los 140.163,10 euros al importe inicial y presentar la diferencia como un sobrecoste. Para comparar ambas cantidades hacen falta la certificación, las modificaciones contractuales que se hayan aprobado y el estado final de las obligaciones reconocidas.

El debate giró en torno al coste y al acceso al expediente

De Juan sostuvo que se trataba de dotar el crédito necesario para ese pago y que ya había disponibilidad en los presupuestos del Patronato. La disponibilidad presupuestaria y el destino del crédito son aspectos distintos: la modificación concreta el gasto para el que se habilita la partida y la vía de financiación correspondiente.

La votación reunió 18 votos favorables de PP y Vox, ocho votos en contra del PSOE y tres abstenciones de Compromís y Esquerra Unida Podem. El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, valoró que se le hubiera facilitado el expediente completo, pero mantuvo la abstención mientras pedía más información sobre los motivos del último pago. Compromís reclamó que se detallara el coste definitivo de la obra.

La discusión tenía un antecedente reciente. El 16 de octubre, el PSOE abandonó una reunión del consejo rector del Patronato y denunció que no había recibido la documentación para justificar los 140.000 euros. En el Pleno, Esquerra Unida Podem señaló que había podido consultar el expediente y mantuvo su petición de explicaciones. El PSOE había planteado su reclamación en la reunión del Patronato del 16 de octubre. Son intervenciones de grupos distintos y en momentos distintos. Para valorar el importe, el seguimiento pasa por la certificación final, los trabajos incluidos y la forma de financiación aprobada.

El plazo de exposición empieza con la publicación en el BOP

El siguiente paso es la exposición pública del expediente. El edicto municipal fija un plazo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Las personas y entidades legitimadas pueden presentar reclamaciones ante el Pleno por los motivos establecidos para este trámite, entre ellos defectos en el procedimiento o insuficiencia presupuestaria.

La exposición no permite presentar cualquier objeción política como una reclamación presupuestaria. Pueden reclamar los habitantes del municipio, las personas directamente afectadas y ciertas entidades constituidas para defender intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los suyos. Las causas también están delimitadas. Incluyen que no se hayan seguido los trámites legales, que falte crédito para una obligación exigible o que exista una insuficiencia manifiesta entre ingresos y gastos presupuestados. En términos prácticos, el plazo sirve para examinar la legalidad y suficiencia del expediente, no para repetir toda la votación municipal.

Si no se presentan reclamaciones, la aprobación inicial pasa a ser definitiva. Si las hay, la ley concede al Pleno un mes para resolverlas desde el final del periodo de exposición. Hasta que se complete ese proceso, conviene describir los 140.163,10 euros como un crédito aprobado inicialmente. La votación no acredita que el pago ya se haya realizado ni fija el coste final de El Portón.

La modificación seguirá su curso tras la exposición pública. Si no se presentan reclamaciones, la aprobación inicial pasará a ser definitiva. Si las hay, el Pleno deberá resolverlas en el plazo legal de un mes desde que termine la exposición. Ese resultado permitirá conocer cuándo queda incorporado el crédito y cómo prosigue el trámite de pago de la certificación.