La Junta de Gobierno de Alicante acordó el martes 20 de octubre iniciar la modificación puntual número 54 del PGOU vigente para ordenar el sector El Pino y Ruaya. La propuesta se sitúa al norte del municipio, junto a la avenida de Dénia y en el límite con Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. Prevé 2.500 viviendas en un ámbito de 879.000 metros cuadrados, además de una zona terciaria y el parque Lomas del Pino, con 340.000 metros cuadrados. La decisión encamina el expediente a evaluación ambiental y territorial estratégica por la Generalitat. Este paso inicia la tramitación, pero no autoriza obras ni equivale a la aprobación definitiva del barrio.

87,9 hectáreas para vivienda, parque y actividad terciaria

El ámbito completo ocupa 87,9 hectáreas. La propuesta lo divide en tres áreas. El parque de las Lomas del Pino ocupa 340.000 metros cuadrados. Una zona terciaria de 82.000 metros cuadrados se sitúa junto a la CV-818 y el Hogar Provincial. El frente residencial suma 457.000 metros cuadrados junto a la avenida de Dénia. Las tres superficies suman los 879.000 metros cuadrados del sector.

La parte residencial contempla 2.500 viviendas en bloques y con un modelo que el Ayuntamiento describe como de densidad media. Las parcelas, usos, conexiones y espacios libres aún dependen de la ordenación que se apruebe. Por eso, la cifra de viviendas expresa la capacidad prevista en esta propuesta, no el número de casas que ya tengan licencia o fecha de construcción.

El parque Lomas del Pino se plantea con 34 hectáreas y una función de recuperación ambiental e integración en la infraestructura verde municipal. El esquema municipal propone conectarlo con la huerta histórica y con los corredores de los barrancos de Lloixa y Orgegia, mediante el corredor Juncaret-Lloixa. La ubicación también obliga a ordenar las conexiones con el viario metropolitano: la propuesta dibuja un eje entre la avenida de Dénia, la CV-818 y la CV-821, junto con recorridos peatonales y ciclistas y enlaces con el transporte público.

El sector queda junto a zonas residenciales ya consolidadas y cerca de otros desarrollos que el Plan General Estructural incluye en su modelo futuro. El Ayuntamiento cita Vista Alegre, con 2.000 viviendas previstas, Alameda, con 1.300, y el PAU 3 de Vistahermosa-Juncaret, con 3.500. Son previsiones de otros ámbitos urbanísticos, no viviendas construidas ni parte de las 2.500 de El Pino y Ruaya. El detalle de cómo se coordinarán sus accesos, servicios y fases será relevante para valorar el crecimiento conjunto del norte de Alicante.

El acuerdo no sustituye al planeamiento pendiente

La modificación 54 afecta al PGOU que sigue vigente. El comunicado municipal presenta el modelo de El Pino y Ruaya como alineado con el Plan General Estructural, un instrumento distinto que también está en tramitación. La referencia al nuevo plan aporta contexto sobre el modelo de ciudad, pero no convierte ambos expedientes en una sola aprobación.

El origen jurídico del ámbito se remonta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 1992. La resolución clasificó como suelo urbanizable no programado parte de las fincas El Pino y Ruaya. En 2001, el Pleno municipal acordó reflejar esa clasificación en los planos del PGOU y preparar criterios para el planeamiento posterior. Aun así, la ordenación estructural completa seguía pendiente en la consulta municipal previa publicada en 2021.

La superficie reconocida en aquella sentencia, 468.300 metros cuadrados, no coincide con el perímetro actual de 879.000 metros cuadrados. La memoria municipal de 2021 ya contemplaba incorporar terrenos adicionales para dar continuidad y conexión al sector. Son referencias a momentos y perímetros diferentes. La sentencia no aprobó por sí sola el barrio de 2.500 viviendas ni el diseño de parque y usos terciarios que ahora se propone.

La evaluación ambiental debe definir el alcance de los estudios

El siguiente paso sustantivo es la evaluación ambiental y territorial estratégica. El texto refundido valenciano de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje establece que la documentación de inicio debe describir los objetivos, el ámbito, las alternativas posibles, el estado del territorio y los efectos previsibles, incluidos los relacionados con el cambio climático. En este caso, esa revisión tendrá que examinar el impacto de los usos residenciales y terciarios y cómo encajan con las zonas verdes, los barrancos, la movilidad y las áreas urbanizadas próximas.

La norma prevé que el órgano ambiental consulte a las administraciones afectadas y al público interesado durante 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud y los documentos. Después puede fijar el alcance de un estudio ambiental y territorial estratégico para seguir la vía ordinaria, o emitir una resolución de informe ambiental y territorial si procede la vía simplificada. El anuncio municipal del 20 de octubre no concreta cuál de esas dos vías se aplicará ni anticipa el resultado de la evaluación. Los 30 días hábiles de consulta se cuentan desde la recepción de la documentación y no son el periodo general de información pública del plan. En esa fase, el órgano ambiental recaba informes de las administraciones afectadas y de quienes tienen la condición de público interesado. La participación pública sobre la versión inicial llega más adelante, cuando exista un documento completo con sus estudios. Esa diferencia ayuda a leer el acuerdo del 20 de octubre sin dar por abierta una fase que depende de actuaciones posteriores.

La diferencia importa. Si se requiere la vía ordinaria, el promotor debe preparar una versión inicial del plan y un estudio ambiental y territorial con el nivel de detalle que marque el documento de alcance. La norma contempla estudios sectoriales, entre ellos los relativos a movilidad, vivienda, patrimonio y paisaje cuando resulten pertinentes. La evaluación puede exigir cambios en la propuesta antes de que se plantee su aprobación.

La información pública corresponde a una fase posterior

Una vez exista una versión inicial con sus estudios, el plan debe pasar por participación pública, información pública y consultas. Las observaciones e informes se incorporan al análisis de la propuesta, que puede modificarse antes de la declaración ambiental y territorial estratégica. Después, el planeamiento ha de adaptarse a las condiciones ambientales y obtener la aprobación que corresponda. La secuencia legal muestra por qué el acuerdo de la Junta es un comienzo administrativo y no una decisión final sobre el diseño.

La consulta previa de 2021 fue una fase preparatoria y no debe confundirse con la participación pública que corresponda al plan inicial de esta nueva tramitación. Para quienes viven en el entorno, los siguientes hitos útiles serán la publicación del expediente, la decisión sobre la vía ambiental, los informes sectoriales y el periodo formal para presentar observaciones.

El comunicado del Ayuntamiento no fija un calendario de obras, un presupuesto de urbanización, una fecha de inicio ni las condiciones de acceso a las viviendas. Tampoco desarrolla en ese texto el reparto por tipología residencial. Son cuestiones que la ordenación y sus documentos asociados tendrán que concretar. Hasta entonces, las magnitudes publicadas describen una propuesta de planeamiento en evaluación, no una promoción lista para ejecutarse.

En el corto plazo, el dato más importante para seguir el proyecto no será solo cuántas viviendas propone, sino qué versión del plan supera el examen ambiental y qué cambios surgen de las consultas. Ese proceso determinará si las 87,9 hectáreas conservan la distribución anunciada, cómo se conectan las áreas residenciales y terciarias y qué garantías quedan para las zonas verdes y los elementos históricos del lugar.