El Ayuntamiento de Alicante ha dado cifras sobre su control de las viviendas de uso turístico: 57 expedientes de investigación abiertos durante 2026, 26 expedientes sancionadores y nueve suspensiones de actividad. Los datos fueron expuestos en el Pleno municipal y difundidos el 25 de septiembre. Conviene leer cada columna por separado. Una investigación no equivale a una infracción acreditada, un procedimiento sancionador puede encontrarse todavía en trámite y una suspensión es una medida con un efecto distinto del importe de una multa.

La ciudad asumió competencias sancionadoras en febrero y mantiene una moratoria sobre nuevas licencias mientras prepara una regulación de usos turísticos. El Gobierno municipal prevé aprobarla definitivamente antes de terminar el año. Esa previsión no permite tratar la norma futura como vigente desde hoy. La modificación puntual 52 del planeamiento ya tuvo una aprobación inicial en diciembre de 2025, pero sus reglas finales siguen sujetas al procedimiento correspondiente.

Qué dicen las cifras y qué no dicen

De los 26 expedientes sancionadores comunicados, el Ayuntamiento distingue procedimientos en distintas fases. Ha señalado cuatro ya incoados por infracciones muy graves, siete pendientes de incoación y ocho cerrados. No es correcto sumar todas las cifras como si cada una representara un alojamiento diferente y ya sancionado en firme. La nota resume actividad inspectora y administrativa, pero no publica un registro completo caso por caso. Tampoco permite calcular la proporción de viviendas turísticas irregulares en el conjunto de Alicante.

La administración afirma que los procedimientos muy graves pueden llegar a sanciones de hasta 600.000 euros dentro del marco autonómico. Es un máximo legal posible, no una multa de ese importe impuesta a las viviendas investigadas. Los expedientes de mayor gravedad tienen además un plazo mínimo de tramitación de seis meses. Dar por resueltos los casos antes de ese proceso confundiría una actuación anunciada con una decisión definitiva.

La moratoria empezó con la suspensión de licencias para viviendas turísticas en edificios residenciales acordada en diciembre de 2024 por dos años. En julio de 2025 se amplió a bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos manteniendo el plazo inicial. Desde su entrada en vigor, según el Ayuntamiento, se han denegado los certificados de compatibilidad urbanística presentados para esta actividad. El certificado es una pieza del encaje urbanístico; su denegación durante la moratoria no debe confundirse automáticamente con una sanción por explotar un alojamiento sin permiso.

La regulación que se prepara

El plan municipal plantea limitar nuevas plazas en zonas consideradas saturadas con un índice de 0,187 plazas turísticas por habitante. También prevé restricciones a usos turísticos en plantas bajas de vías comerciales principales y exigir acceso independiente para alojamientos situados en edificios residenciales, con las excepciones que determine el texto final. Son medidas propuestas dentro de una modificación del planeamiento que aún se tramita. Para saber exactamente a qué calle y a qué inmueble se aplicarán habrá que consultar la norma definitiva y sus mapas.

El debate no se reduce a una comparación entre visitantes y residentes. En un edificio de viviendas importan el acceso, el ruido, los usos del portal y la convivencia. En un barrio también cuentan los comercios, el empleo turístico y la disponibilidad de vivienda habitual. Una buena evaluación de las medidas tendría que mirar varios efectos a la vez. Las cifras de expedientes ofrecen una parte de la respuesta municipal, pero no prueban por sí solas que el mercado residencial haya cambiado ni que todas las molestias hayan desaparecido.

El Ayuntamiento ha anunciado un plan mensual de inspecciones asociado a la modificación urbanística en trámite. Inspeccionar con continuidad puede aportar una imagen más precisa que una actuación aislada. Para que el público entienda sus resultados será importante distinguir denuncias recibidas, visitas realizadas, expedientes abiertos, resoluciones firmes y suspensiones ejecutadas. Si las categorías se mezclan, una cifra grande puede parecer más concluyente de lo que es.

La información difundida esta semana muestra una administración que está utilizando nuevas competencias y preparando reglas de uso. El siguiente hito será la aprobación final de la regulación y la publicación de sus condiciones concretas. También será útil conocer la distribución territorial de las inspecciones, siempre respetando los datos protegidos de cada expediente. Hasta entonces, las 57 investigaciones, los 26 expedientes sancionadores y las nueve suspensiones son hechos administrativos diferenciados. Leerlos así permite seguir el control de las viviendas turísticas sin anticipar el resultado de procedimientos todavía abiertos.